- La Seguridad Social ha cerrado octubre con una media de afiliados que supera los 22,6 millones en su serie original. En concreto, se han registrado 22.624.165 ocupados de media, que supone el nivel más alto de los registros, tras sumar 186.612 respecto al mes de septiembre. En el último año, el dinamismo en la creación de puestos de trabajo se acelera hasta una tasa del 3,6%, lo que supone un incremento de 784.573 afiliados en comparación con el mismo mes de 2025. Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, el mercado laboral alcanza un total de 22.571.105 afiliados, después de sumar 90.309 este mes. La afiliación al RETA experimenta un aumento interanual del 2,3% y supera por primera vez en la serie los 3,5 millones de ocupados.
- El número de personas en desempleo registradas en las oficinas del SEPE, al finalizar el mes de octubre, ha subido en 43.128 personas en relación con el mes anterior (1,81%). El paro registrado se ha situado en 2.422.633. Con respecto al mes de septiembre, por sectores económicos, el paro registrado se incrementa en Servicios, en Industria, y en Agricultura. El paro registrado en octubre de 2026 sube en las 17 CCAA, encabezadas por Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León. El número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.491.069. El total de personas beneficiarias existentes a final del mes fueron 1.763.649 con una cobertura del sistema de protección por desempleo del 80,82%, la tasa más alta en un mes de septiembre de la serie histórica.
- El fraude digital ha dejado de ser un riesgo remoto para las empresas. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, durante el primer semestre de 2026 se registraron en España 245.936 ciberdelitos. De ellos, 214.621 fueron estafas informáticas. Estas cifras reflejan la dimensión de una amenaza que exige a las empresas reforzar sus mecanismos de prevención y su capacidad de respuesta. La IA está modificando el fenómeno. A través de técnicas como el phishing y sus variantes, los delincuentes suplantan la identidad de personas y entidades por correo electrónico, SMS, teléfono o redes sociales. El fraude digital es mucho más que un problema tecnológico: es una prueba de hasta qué punto una empresa está preparada para protegerse y proteger a quienes confían en ella. Ninguna organización puede garantizar que no sufrirá un ataque, pero sí puede decidir cómo se prepara para evitarlo y cómo actúa cuando sucede.
- La nueva normativa de envases genera inseguridad jurídica. Así describen des del despacho Andersen el escenario al que se enfrentan las empresas desde la entrada en vigor, el pasado 12 de agosto de 2026, del Reglamento europeo de envases y residuos de envases aprobado en diciembre de 2024. Durante ese periodo, el Gobierno confiaba en aprobar un nuevo texto normativo que adaptara el RD español vigente a las disposiciones comunitarias, pero los plazos transcurrieron sin aprobar una versión definitiva. Ante esta situación, el propio Ministerio publicó una nota aclaratoria en la que instaba a las empresas a comparar ambas normas y aplicar la normativa europea en caso de contradicción. El problema es que las dos regulaciones son “parcialmente discrepantes” y las empresas “no tienen necesariamente los medios ni el conocimiento para interpretar en cada caso si aprecian asimetrías o discrepancias y cómo deben resolverse”.
- Las organizaciones empresariales, financieras y profesionales más influyentes de la UE exigen el fin inmediato de la complejidad fiscal innecesaria. En una declaración conjunta sin precedentes por su transversalidad, han exigido a las capitales comunitarias el fin inmediato de la complejidad fiscal innecesaria. El exceso de papeleo y la fragmentación fiscal devoran cada año 8.600 millones de euros. Es la cantidad que estas asociaciones estiman que hoy se esfuma en costes de cumplimiento en lugar de poder invertirse en crecimiento, empleo e innovación. El foco de esta preocupación corporativa se sitúa en el Paquete de Simplificación Fiscal presentado por la Comisión Europea.
- El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del RD por el que se regulan las zonas de bajas emisiones (ZBE), con el objetivo de garantizar su implantación y funcionamiento efectivos y asegurar que estas áreas cumplen su finalidad de mejorar la calidad del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático. La modificación del RD 1052/2022 responde a las deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación de la normativa, que han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los requisitos para evitar que la declaración de una zona de bajas emisiones se limite a una delimitación territorial sin medidas efectivas. Entre las situaciones identificadas figuran moratorias excesivamente prolongadas en la aplicación del régimen sancionador, zonas sin restricciones de acceso en función del potencial contaminante de los vehículos o ámbitos territoriales insuficientes que coinciden con espacios que ya contaban previamente con limitaciones al tráfico.
- El TS fija doctrina sobre la liquidación provisional del ICIO si las obras finalmente no llegan a ejecutarse y se rescinde el contrato. Las constructoras que actúan como sustitutas del contribuyente tienen derecho a recuperar de inmediato las cantidades abonadas por adelantado en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. De esta forma, los magistrados establecen que los consistorios no pueden retener el dinero escudándose en que la licencia urbanística sigue formalmente vigente. El TS recuerda que el hecho imponible del ICIO es la realización material de la obra, el cual se devenga con el inicio de los trabajos. Aunque la ley habilita a cobrar liquidaciones provisionales a cuenta con la licencia, si la obra jamás arranca, la obligación tributaria principal no llega a nacer. En consecuencia, aquel ingreso inicial se convierte en un ingreso indebido susceptible de devolución.
- Los empresarios iberoamericanos reivindican el fortalecimiento de las relaciones como alternativa a otras alianzas históricas transatlánticas. El presidente de CEOE reclama el establecimiento de un marco de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria que permita a las compañías operar con certidumbre y mantener sus compromisos inversores a largo plazo, con independencia de los cambios de Gobierno. En un momento en el que la reorganización de las cadenas de suministro, por la política arancelaria de EEUU y los shocks de los conflictos bélicos como el de Oriente Próximo que ha golpeado a las vías comerciales de petróleo, la búsqueda de nuevos proveedores está adquiriendo un papel estratégico para las compañías de Iberoamérica. Una región que se consolida como alternativa de negocio para mantener activos los principales motores del crecimiento, favorecida por sus recursos naturales, su posición geográfica y sus vínculos históricos con Europa.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- BBVA ha concluido, tras casi ocho meses, la venta de la totalidad de su filial en Rumanía a Raiffeisen Bank. La entidad española, que controlaba esta sociedad a través de la marca Garanti, ha cerrado la transacción tras obtener las autorizaciones regulatorias necesarias. Para BBVA, la venta del negocio rumano se salda con una plusvalía neta de unos 83 millones de euros. La decisión de BBVA se enmarca en una estrategia global de concentración y optimización del capital en mercados clave.
EMPRESA
- Los letrados trasladan que la irrupción de ChatGPT ha propiciado un cambio de paradigma y los clientes ya no piden consejo, sino revisar textos escritos con IA. El informe Inside the Legal Mind 2026 de Karnov Group deja un dato elocuente: por cada profesional que ve una ventaja en que sus clientes consulten a la IA, casi dos lo viven como un inconveniente, mientras que el 39% no se decanta. “El cliente tiene derecho a informarse y contrastar opiniones mediante IA. Pero acceder a información jurídica no equivale a recibir asesoramiento profesional”, porque el abogado aporta garantías que ninguna máquina ofrece: colegiación, código deontológico, secreto profesional, responsabilidad jurídica y seguro de responsabilidad civil.