- El trabajadoras puede justificar el permiso retribuido por consulta médica con un certificado público o privado. Así lo determina la Sala de lo Social del TSJ de Canarias en un conflicto colectivo que presentó la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo contra la empresa Atlántica de Handling SLU. El litigio se centraba en el art. 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, que regula el permiso para acudir al médico. La empresa sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, porque si se admitiera la medicina privada “podría usarse abusivamente”. A juicio del tribunal, “el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa”, que puede igualmente “atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento”. Por ello concluye que la finalidad del permiso “queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica”.
- La Comisión Europea ha presentado una serie de medidas para rebajar el turismo masivo con una fecha cercana en mente: verano de 2027. Es así que el Ejecutivo comunitario ha propuesto crear un modelo europeo de gestión turística y una caja de herramientas para evitar la concentración turística en temporadas altas. En este paquete se incluirán actualizaciones para impulsar los viajes fuera de temporada alta, mejorar las conexiones con destinos menos frecuentados o repartir la demanda turística en diferentes territorios. Menciona, además, los alquileres de corta duración como uno de los puntos que atajarán las administraciones sin dar más detalles de las restricciones que se le aplicarán. El Ejecutivo comunitario ha puesto también en el punto de mira al sector de los cruceros y su impacto sobre los destinos portuarios europeos.
- La actividad del sector privado de España moderó su ritmo de crecimiento durante el mes de octubre, según el índice PMI compuesto, que se situó en 56,2 puntos desde los 56,8 del mes anterior, ampliando así a seis meses el actual ciclo de expansión, según S&P Global Market Intelligence. El sector servicios volvió a ser el principal motor de crecimiento de la actividad empresarial. No obstante, los expertos han señalado que el sector servicios no ha sido inmune a las dificultades que siguen afectando a la economía mundial, ya que se ha observado cierta reticencia por parte de algunos clientes, especialmente internacionales, a comprometerse a realizar nuevos pedidos, en un contexto marcado por la incertidumbre en las perspectivas futuras.
- La Seguridad Social cuenta con 3,7 millones de afiliados extranjeros, de los cuales medio millón proceden del proceso de regularización que se llevó a cabo en la primavera de este año. Este reconocimiento de miles de trabajadores que ya vivían y trabajaban en la economía sumergida española está siendo uno de los principales motores dinamizadores del empleo: el 76% de las nuevas afiliaciones de los últimos 12 meses corresponden a extranjeros. En este escenario, el sector de las empleadas de hogar lidera el crecimiento del empleo entre los sectores donde más trabajan los extranjeros regularizados: actualmente hay un 15% de afiliadas en este régimen especial más que hace un año, tras ganar casi 51.000 cotizantes respecto a octubre de 2025 y sumar un total de 392.295 altas en el sistema, según los últimos datos de la Seguridad Social.
- Los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona del Reino Unido restan cada año unos 8.000 millones de euros en recaudación a los Estados miembros de la UE, según la última actualización del Índice de paraísos fiscales corporativos publicado este jueves por la ONG Tax Justice Network, una lista en la que destacan en las diez primeras posiciones también tres Estados de la UE: Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo. Pequeños territorios ubicados entre el Caribe y el Atlántico norte, todos vinculados al Reino Unido, encabezan la lista: las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán y las Bermudas ocupan las tres primeras posiciones y son responsables, respectivamente, del 7%, 6,7% y 5,4% del abuso fiscal corporativo total que se produce a nivel mundial.
- La Xunta reclama un presupuesto «suficiente y sin recortes» para la PAC. Estiman que la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 podría reducir en unos 80 millones de euros anuales los fondos destinados a Galicia. La responsable autonómica ha defendido que la futura PAC debe conservar su carácter de política común y evitar que las ayudas a agricultores y ganaderos dependan de la capacidad presupuestaria de cada Estado miembro. También ha rechazado que el desarrollo rural pierda peso dentro de la financiación europea. Entre las principales demandas recogidas figuran mantener los dos pilares de la PAC, garantizar una financiación diferenciada para el desarrollo rural, reforzar la participación de las comunidades autónomas y adaptar las ayudas a las características productivas y territoriales de cada región.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- La CNMV inicia la consulta pública para actualizar el código de gobierno de las sociedades cotizadas. Desde la última revisión del Código en junio de 2020 se han producido desarrollos normativos e iniciativas relevantes, tanto a nivel nacional como internacional, que hacen recomendable actualizar el Código de gobierno corporativo vigente. Entre las novedades más destacadas figuran: proponer un mejor equilibrio de poderes en el Consejo para avanzar en la calidad del gobierno corporativo, fortalecer la independencia de los consejeros que ostenten dicha categoría, incorporar la sostenibilidad como elemento transversal e incluir aspectos sobre digitalización, ciberseguridad e IA.
- El Consejo Legislativo de Hong Kong ha aprobado el proyecto de ley de Enmienda a las Rentas Internas. Con esta aprobación, el territorio se alinea formalmente con las directrices más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La iniciativa gubernamental incorpora dos herramientas fundamentales diseñadas por la OCDE en 2023: el Marco de Información sobre Criptoactivos, enfocado en el reporte automático y anual de transacciones con criptomonedas, y la actualización del Estándar Común de Reporte, que extiende la debida diligencia sobre cuentas financieras tradicionales hacia los nuevos productos digitales. La normativa no entrará en vigor de golpe, sino mediante un calendario escalonado que permitirá la adaptación del sector.
EMPRESA
- La crisis de la vivienda está impulsando el negocio de los trasteros. En Madrid, el número de particulares que recurren a estos espacios se ha duplicado en los últimos cinco años, según los datos de Box2box, compañía especializada en almacenamiento a domicilio. «El uso que le damos al trastero ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ya no se trata únicamente de guardar muebles durante una mudanza o almacenar objetos que apenas se utilizan, sino de ganar espacio en casa en el día a día», explican. La diferencia de precio entre alquilar una vivienda más grande y contratar un trastero explica buena parte de esta tendencia. El auge de los trasteros no ha pasado desapercibido para los grandes inversores inmobiliarios. Según los datos de JLL, los fondos han levantado más de 400 millones de euros para invertir en la creación y consolidación de plataformas de almacenamiento en España durante los próximos años.
- Avatel y la representación legal de los trabajadores alcanzaron este miércoles un preacuerdo del ERE en curso, tras acordar la dirección de la compañía una rebaja en la cifra de salidas forzosas y la aceptación del esquema de indemnización formulado por la parte social. La indemnización fijada ascenderá a entre 45 y 33 días de salario por año trabajado, con un tope máximo de 24 mensualidades, equiparando el importe al de un despido improcedente. El entendimiento alcanzado reduce el impacto inicial de la propuesta presentada por la empresa el mes pasado, que contemplaba un ajuste colectivo para 444 trabajadores, cifra que representaba el 33,5% de una plantilla integrada por 1.325 empleados. Con la modificación aprobada, el tope de despidos obligatorios se sitúa en 383 personas.