- Los asesores fiscales que participan en la elaboración de planificaciones fiscales agresivas, como estructuras opacas, sí que están obligados a comunicar a otros participantes en la operación de que se tratan de mecanismos agresivos, aclara un reciente fallo del TJUE. La sentencia, que responde a un caso belga, indica que solo están exentos de la obligación de informar los abogados por razones de secreto profesional. De hecho, indica que si en un Estado miembro hay personas no abogadas que pueden defender a clientes en juicios, éstos tampoco están exentos de la obligación de comunicar al resto que se está organizando una planificación fiscal agresiva.
- La nueva ministra de Economía británica ha anunciado un torbellino de recortes y cancelaciones para cuadrar las cuentas. En una declaración durísima que dejó al Parlamento helado, acusó a su predecesor de dejar un agujero de 22.000 millones de libras entre «bajadas de impuestos sin financiar, gastos disparados» en numerosos departamentos y promesas de gastos «supuestamente financiadas por la misma partida de ingresos múltiples veces». Los organismos fiscales respaldan las acusaciones.
- El secretario de Estado de Trabajo ha afirmado que España tiene la obligación de cumplir con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha fallado contra la legislación española del despido improcedente por considerar sus indemnizaciones insuficientes. El Gobierno va a cumplir con esa resolución europea estableciendo, en el diálogo social, «una fórmula de despido que garantice que sea disuasorio para evitar despidos por capricho y que sea consecuente con los despidos sin causa». «Dar cumplimiento a la Carta Social Europea significa que tenemos que abordar en el marco del diálogo social una reforma del despido que garantice que sea disuasorio, es decir, no puede ser que las empresas despidan por capricho o por oportunidad o porque le cogen manía a alguien o porque no se atiende una llamada después del trabajo, ni puede ser que despedir sea un ejercicio banal que no genere ninguna consecuencia».
- Vivienda y Economía impulsan la construcción de 43.000 inmuebles bajo la colaboración público-privada. Han firmado hoy un acuerdo para facilitar hasta 6.000 millones en préstamos y avales del ICO para destinados a promotores públicos y también privados. Los primeros 4.000 millones son préstamos procedentes de la adenda del Plan de Recuperación y, por tanto, en mejores condiciones a las de mercado, a los que podrán acceder los promotores. Los canalizará el ICO. A ellos se suman otros 2.000 millones de los Presupuestos Generales que servirán para avalar y dar cobertura parcial a las operaciones. Las 43.000 viviendas que se aspira a construir se destinarán al alquiler social y asequible por un mínimo de 50 años. En este momento España cuenta con un parque de vivienda social que supone menos del 3% del total, cuando la media de Europa alcanzar el 9%. El Gobierno se ha fijado reducir esa diferencia durante los próximos años.
- La última reunión para la reducción de la jornada laboral concluye sin acuerdo y la negociación se pospone hasta septiembre después de que la última reunión de la mesa de diálogo social acabe sin consenso, pero con posturas más flexibles. El Ministerio de Trabajo ha vuelto hoy a reunir a los agentes sociales para avanzar en un acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, con la amenaza de movilizaciones en septiembre por parte de los sindicatos para forzar su regulación y la negativa de la patronal a sumarse a un pacto.
- Tributación de las obligaciones convertibles. Hacienda ha aportado por fin claridad sobre unos productos financieros sobre los que existían muchas dudas sobre su fiscalidad. La DGT, en una reciente consulta vinculante, fija posición sobre la tributación de estos instrumentos, cada vez más utilizados y cuyo interés radica en conjugar una deuda con una alta rentabilidad en función de la evolución accionarial del emisor. Tributos termina con las asimetrías que existían entre emisores e inversores en las obligaciones convertibles, un asunto que preocupaba a fiscalistas, inversores y empresas.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- El Gobierno busca incrementar a la banca los intereses de demora que paga a los clientes cuando un juez le obliga a devolver las cantidades cobradas de más por cláusulas abusivas. El Grupo Socialista en el Congreso ha registrado una enmienda para incrementar estos intereses, al menos, hasta el 20%, si ya han transcurrido dos años desde que un juez condenó a la entidad financiera a devolver al cliente las cantidades cobradas de forma abusiva. Si han pasado menos de dos años, el interés de demora se fijará en el interés legal del dinero, más un 50%. En la actualidad este tipo está en el 3,25%, por lo que incrementado un 50% se situaría en el 4,875%. Los socialistas buscan modificar a través de esta enmienda la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para encarecer a la banca el coste de la compensación en los casos en los que se nieguen a buscar una solución de forma consensuada con el cliente y, por tanto, le obliguen a acudir a los tribunales.
- MoraBanc cruza la frontera española a todos los efectos. La entidad andorrana ha llegado a un acuerdo con Unicaja para hacerse con el 100% de Banco Europeo de Finanzas (BEF) por 45 millones de euros, según señalan fuentes financieras. Su objetivo, según las fuentes consultadas, es hacerse un hueco rápido en el sector de la gestión de altos patrimonios y poder diseñar y distribuir todo tipo de productos y servicios de banca privada. También está entre sus planes desarrollar banca comercial y empezar a operar en la actividad de crédito.
- El recientemente publicado Anteproyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, por primera vez, va a regular en España parte del sector, en concreto la gestión de aquellos préstamos que vendan las entidades financieras a terceros compradores. Es el primer paso para una regulación total de la industria. En líneas generales, muchas de las exigencias de la norma ya se siguen por el sector y creemos que el Banco de España así podrá constatarlo antes de la concesión de las licencias de actividad. Sin embargo, deben destacarse dos cuestiones especialmente preocupantes que pueden ser desestabilizantes para la labor de la industria de la recuperación.
EMPRESA
- El gigante China Huadian desembarca en España en energías renovables. La compañía, que produce el 10% de la electricidad de su país, acaba de alcanzar un acuerdo con Jinko Power Spain para hacerse con una planta fotovoltaica de 175 MW ubicada en Antequera (Málaga) por una contraprestación que no excederá los 175 millones de euros en el momento de su cierre. Esta transacción, tal y como informa la compañía, aún debe someterse a la consideración de la junta de accionistas por lo que el acuerdo aún no ha sido firmado formalmente por el vendedor y el comprador tras la aprobación de sus respectivos órganos internos. La planta en cuestión está en construcción, y su finalización y puesta en funcionamiento comercial está prevista para el 30 de septiembre de 2025.