- Ocho de cada diez ayuntamientos se saltan la ley de transición energética por deficiencias, entre otros asuntos, en sus Planes de Movilidad Urbana Sostenible. El Tribunal de Cuentas alerta en uno de sus últimos informes de que tan solo el 22% de las administraciones locales cumplían en sus planes con la totalidad de los requisitos que exige la normativa y que, además, la mayor parte de ellos no tenían un diagnóstico adecuado que evaluase la situación real de movilidad urbana. Por CCAA, los ayuntamientos que experimentan un menor grado de cumplimiento se concentran en Cantabria, La Rioja, y Asturias, donde ninguna entidad contaba con planificación.
- Es nulo el despido de un trabajador por las continuas quejas ante su empresa de incumplir la jornada laboral y reclamar el pago de las horas extraordinarias realizadas. El TS señala que la compañía solo buscó deshacerse de un trabajador «molesto y reivindicativo» y vulneró su derecho de garantía de indemnidad. Además, por primera vez se hace eco de la reciente Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. Concretamente, recuerda que antes las reclamaciones internas dentro de la empresa no activaban la garantía de indemnidad del empleado, sin embargo, con la nueva norma, los trabajadores tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudiera sufrir por cualquier actuación para reclamar sus derechos laborales.
- El número de personas desempleadas menores de 25 años representa el 19% del total de parados a nivel nacional, una situación que mantiene la tasa de paro juvenil española a la cola de la UE, según alerta la patronal Asempleo en su última Radiografía del desempleo juvenil en España. «Esto se traduce en 523.500 jóvenes que quieren y pueden trabajar, pero que no encuentran un empleo», apunta Asempleo. El informe considera que la falta de experiencia previa es una barrera significativa. Además, la falta de programas eficaces de inserción laboral y la desalineación entre la formación académica y las necesidades del mercado dificultan aún más la situación.
- Los expertos piden al futuro canciller alemán reducir los impuestos directos. En concreto, apuntan a una reducción de cinco puntos porcentuales a las corporaciones inicialmente. «Unos impuestos más bajos harán que Alemania sea atractiva como lugar de inversión”, indican desde el instituto Ifo. Además de para las empresas, creen que una reforma en la fiscalidad de las familias «puede proporcionar un mayor impulso» a la economía. El nuevo Gobierno germano jugará un papel clave en Bruselas ya que, al ser uno de los países más expuestos al posible recrudecimiento arancelario de Trump, tendrá que liderar las propuestas de negociación de la UE con Estados Unidos en materia comercial.
- La nueva Ley europea de Ciberresiliencia afecta a todos aquellos negocios dedicados a la fabricación, distribución comercial e importación de productos digitales. Esta nueva normativa europea entró en vigor el pasado diciembre. La Comisión Europea ya ha adelantado que el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear toda una serie de sanciones. No obstante, los requisitos de la Ley de Ciberresiliencia no se aplicarán hasta dentro de dos años: el 11-12-2026. Los expertos recomiendan que comiencen cuanto antes a adaptar sus procesos y productos para cumplir con los nuevos requisitos.
- Agricultura, Pesca y Alimentación aborda con Francia los retos a los que se enfrenta el sector pesquero. Los dos ministros han coincidido en que es necesario modificar el Plan multianual de gestión para el Mediterráneo occidental con el objetivo de garantizar mayor seguridad jurídica y previsibilidad económica a la flota pesquera. Junto con el apoyo de Italia, defenderán la necesaria reforma del reglamento de la pesca en el Mediterráneo, en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE.
- Reino Unido se plantea unirse al acuerdo comercial conocido como Convención Pan-Euromediterránea. El Gobierno descarta regresar a la UE, al mercado único y a la unión aduanera, pero está tratando de estrechar los vínculos con el bloque comunitario dentro del llamado «reseteo» de las relaciones. Así, ha empezado a consultar a las empresas sobre los beneficios del plan PEM y cómo podría ayudar a reducir la burocracia y mejorar el comercio, según indica la BBC.
- Reformar el ET para permitir hasta dos horas extra al día. Es lo que pide la patronal del sector de la construcción, a través de un comunicado en el que asegura que esta medida permitiría al Estado ingresar más de 5.015 millones de euros anuales extra sumando las cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones por el pago de IRPF. En paralelo, la CNC reconoce que la aprobación de la medida debería conllevar un especial control de las horas extra, así como «su abono y su necesario reflejo en nómina y cotización».
- Ganvam estima que, con el fin de las ayudas del MOVES, la cuota de vehículos electrificados se situará sobre el 12% a cierre de 2025, lejos del entorno del 25% necesario para cumplir con los objetivos de descarbonización. El fin de estas ayudas no solo suponen dejar “desamparados” a los compradores que han confiado en la continuidad de las ayudas anunciadas, sino que pone en evidencia la necesidad de revisar la estrategia de descarbonización. Por esta razón, considera imprescindible la tramitación por vía de urgencia de un Decreto-ley que contenga la prórroga del MOVES III.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- Cuestión prejudicial al TJUE con el fin de esclarecer si la normativa española, concretamente el art. 695 LEC, resulta compatible con la Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores. El Juzgado de Instancia 5 de Cartagena pide aclarar si en un proceso de ejecución hipotecaria debe el tribunal nacional pronunciarse sobre el eventual carácter abusivo de cláusulas del contrato y, en su caso, si se puede practicar prueba para determinar el perjuicio económico que el consumidor ha soportado. El magistrado recuerda que el TJUE ya se ha pronunciado sobre las tres cláusulas aquí impugnadas, pero en el marco de un proceso declarativo, sin que se haya pronunciado sobre el alcance del control judicial sobre cláusulas abusivas en procedimientos de ejecución hipotecaria en España.
- Las empresas cotizadas españolas repartieron 37.860 millones de euros entre sus accionistas en el cómputo total de 2024, lo que implica un 25% más que en el ejercicio de 2023, según los registros de BME. De este modo, la cantidad que han percibido los accionistas en los doce meses de 2024 ha superado el importe repartido en el total de 2023, ejercicio en el que se abonaron 30.300 millones. En la serie histórica, el dato de 2024 en lo concerniente a dividendos sólo se ve aventajado por 2014, cuando se retribuyó al accionista con 43.260 millones de euros.
EMPRESA
- Las peticiones de amparo al ICAM de profesionales por amenazas, acoso o agresiones se triplicaron el año pasado, hasta alcanzar las 15, frente a las 5 de un año antes, según refleja el Informe anual sobre letrados amenazados publicado por la Abogacía madrileña. Asimismo, también se duplicó el número de incidencias por amenazadas registradas por los profesionales, pasando de 35 casos en 2023 a 79, en 2024. «La abogacía no puede ejercer su labor en un clima de intimidación o acoso”, denuncia en Decano del ICAM.