Síntesis 21/10/2025

 

  • Los efectos devastadores de la Dana han tenido un fuerte impacto en el tejido económico de los municipios afectados. El 20% de los negocios en locales comerciales sigue cerrado un año después, lo que supone que 460 comercios, bares y otras pequeñas actividades de servicios no reabrirán, mientras que otro 10% aún está con obras para reabrir. Además, alrededor de un centenar de industrias han cerrado por la catástrofe, el 5,8% de las existentes en esos municipios. El balance de la Cámara de Comercio de Valencia vuelve a dejar claro que es el pequeño tejido de servicios de las localidades valencianas afectadas por el agua el que más ha sufrido y continúa padeciendo los efectos de esa catástrofe. El propio presidente de Cámara Valencia señaló al tejido de la denominada economía urbana, como comercio, hostelería y actividades profesionales como peluquería, belleza y otras, como el gran amenazado y en el que deben centrarse los esfuerzos ahora.
  • La variación anual del Índice de producción del Sector Servicios fue del 2,8% en agosto en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario. La serie original presentó una variación anual del 1,2%, lo que supuso dos puntos por debajo de la registrada en julio. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, Comercio subió un 5,1% respecto a agosto de 2024 y Otros Servicios un 1,3%. La variación mensual del índice general de producción del Sector Servicios de Mercado entre los meses de agosto y julio, eliminando los efectos estacionales y de calendario, fue del -0,1%. Esta tasa fue tres décimas inferior a la de julio.
  • La pensión de alimentos impagada no cuenta a la hora de conceder o mantener el subsidio por desempleo. El TS resuelve el litigio de una mujer a la que el SEPE le denegó el subsidio y le pidió la devolución de lo ingresado hasta la fecha al considerar que al percibir la pensión de alimentos para los dos hijos por parte del exmarido ya superaba el 75% del SMI, umbral para recibir esta ayuda. Sin embargo, la mujer mantenía demandada a la expareja por el impago de la pensión de alimentos. El Supremo concluye que «las pensiones por alimentos no abonadas no deben computarse» a la hora de determinar si se concede o mantiene el subsidio por desempleo, ya que no se considera una renta cobrada.
  • CEOE y la Plataforma del Tercer Sector instan a modificar la Ley de Desindexación de la Economía Española, por el grave impacto que está teniendo en la contratación pública de servicios esenciales. Tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales como la Plataforma del Tercer Sector alertan de que esta normativa, que desvincula los precios de los contratos públicos del IPC, impide la revisión periódica y predeterminada de los precios, incluso ante situaciones sobrevenidas. Recuperar la actualización automática de los contratos públicos en base a la variación del IPC es una demanda histórica de CEOE ya que garantizaría la viabilidad de muchas empresas y organizaciones, especialmente del tercer sector, que ahora no pueden ajustar los precios pese a la subida de costes.  
  • Las solicitudes por cese de actividad siguen la senda ascendente por segundo año consecutivo, y en 2024 se incrementaron un 36% respecto a 2022 tras un cierre de ejercicio en el que 23.961 autónomos solicitaron a Seguridad Social la prestación por poner fin a su actividad económica. Los motivos de fuerza mayor son el principal motivo por el que los trabajadores por cuenta propia solicitaron el «paro» tras finalizar su actividad. En total, fueron 5.311 las solicitudes por esta causa, de las 23.961 que se registraron, lo que representan un 22,2%. A este motivo le siguen las causas económicas, técnicas y productivas, para las que se concedieron 4.954 ceses de actividad, un 20,6%. En este sentido, el cese de actividad se convierte en una de las principales bazas de la Asociación de Trabajadores Autónomos para aprobar la nueva reforma del RETA.
  • Los empresarios y familias adineradas de Francia han acelerado los flujos de inversiones hacia las naciones refugio. Preocupados por la inestabilidad política en su país están invirtiendo cantidades récord en rentas vitalicias en Luxemburgo y trasladando otros fondos a regiones percibidas como refugio como Suiza. Las inversiones de clientes franceses en seguros de vida en Luxemburgo aumentaron más de un 58% en 2024 hasta los 13.800 millones de euros, su nivel más alto de la historia, según datos del regulador de los seguros del ducado. Estas inversiones son sólo un efecto secundario de la inestabilidad política en Francia. Algunas familias adineradas incluso se han mudado al extranjero, en una tendencia similar a la de Reino Unido después de que el Gobierno laborista aboliera el trato fiscal favorable para los llamados residentes «no domiciliados», si bien se desconocen las cifras.
  • La Comisión Europea acelerará la revisión intermedia de los objetivos de reducción de emisiones al 100% de coches y furgonetas fijada para 2035, tal como reclamaba una parte de la industria automovilística del continente. Según ha adelantado, la cláusula de revisión, prevista inicialmente para 2026, se realizará ahora antes de que acabe este 2025. Lo que todavía queda por detallar es el alcance de dicha revisión, que no encuentra consenso siquiera en un sector muy preocupado porque teme no llegar a 2035 cumpliendo lo acordado en 2023: la prohibición total de la venta de coches y furgonetas nuevos de combustión en una década, reemplazados por una producción de vehículos eléctricos que sin embargo no acaba de coger tracción en Europa. El sector insiste en no apostarlo todo al vehículo eléctrico y reclama un mayor margen para la denominada neutralidad tecnológica.

SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL

  • La Junta Europea de Riesgo Sistemático hace hincapié en los riesgos de las stablecoins emitidas conjuntamente por entidades de la UE y de fuera de la UE. La Junta General de la JERS ha adoptado una recomendación sobre los esquemas de emisión conjunta con terceros países, dados los riesgos identificados, la dinámica del mercado y las limitaciones del marco jurídico actual. En primer lugar, la JERS recomienda que la Comisión no considere que los esquemas están permitidos conforme al marco actual del Reglamento MiCA. En segundo lugar, insta a las autoridades relevantes a mitigar los riesgos para la estabilidad financiera derivados de esos esquemas a través de unas salvaguardias adecuadas.

EMPRESA

  • Más de un tercio del parque inmobiliario en alquiler en España ya supera los 1.500 euros mensuales, según un estudio del portal inmobiliario pisos.com. A estas viviendas les siguen los inmuebles situados entre 700 y 1.000 euros mensuales, que representan el 27% del total, y la franja de entre 1.000 y 1.500 euros, que supone el 24%, mientras que solo el 12% de las viviendas en alquiler tiene un precio inferior a los 700 euros al mes, lo que, según el estudio, «evidencia la escasez de oferta en el segmento más económico del mercado». Por CCAA, Islas Baleares encabeza el ranking de precios más elevados, seguido por Cataluña. En el lado opuesto se sitúan Extremadura, donde más de la mitad de las viviendas (56%) tiene un precio de alquiler inferior a los 700 euros mensuales.
  • Las ventas al exterior de las pymes españolas que operan en Amazon volvieron a batir un nuevo récord el año pasado. Estas sumaron un total de 1.200 millones de euros, según los datos del gigante del comercio electrónico, un crecimiento un 20% mayor respecto a la cifra del año anterior, cuando por primera vez se superó la barrera de los 1.000 millones. En total, algo más de 17.000 pequeñas y medianas empresas venden mercancía a través de Amazon. De esas 17.000 empresas, el 75% vende algún tipo de mercancía fuera de España, principalmente a países de la UE, y de ellas, un 35% también llegan a países extracomunitarios.
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