- Durante el tercer trimestre de 2025 el número de deudores concursados ha sido de 12.509, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al trimestre anterior, y un incremento anual del 27,2%. En cuanto a los concursos de personas jurídicas empresas, estos han experimentado un decrecimiento del 2,9% respecto al mismo período del año anterior. Los concursos de personas físicas constituyen el 90,7% del total de deudores concursados, con un total de 11.352 procedimientos iniciados. 484 procedimientos han sido voluntarios. Por su parte, se han registrado 347 aperturas de procedimientos especiales para microempresas, lo que supone una disminución del 22,2% respecto al trimestre anterior. El 26,9% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 16,9% la Construcción, y el 12,3% la Industria.
- El TJUE ha publicado su fallo sobre la nueva directiva europea de salarios mínimos aprobada en 2022 que responde al recurso presentado por Dinamarca para anular la misma al considerar que supone una injerencia directa en el derecho comunitario. Si bien el tribunal avala la mayor parte de la misma, sí detecta intromisión en dos puntos clave, que ha procedido a anular dos disposiciones: la que enumera los criterios que deben tener en cuenta obligatoriamente los Estados miembros con salarios mínimos legales a la hora de fijar y de actualizar esos salarios y la que impide la disminución de los mismos cuando están sujetos a una indexación automática.
- Margen extra para las empresas que concurren a licitaciones públicasfrente a la exclusión automática por no tener aún inscrito su plan de igualdad. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha dictado una resolución que supone un punto de inflexión en una cuestión que venía generando inseguridad jurídica en torno a los contratos públicos. La normativa laboral establece que todas las empresas que superan los 50 empleados disponen de un periodo de 15 meses para negociar, aprobar e inscribir su plan de igualdad. Sin embargo, en el marco de la contratación pública se venía imponiendo una interpretación mucho más rígida: si el plan no estaba inscrito en ese momento, la empresa quedaba fuera. El Tacpm aclara que no procede excluir a una empresa que todavía se encuentra dentro de este plazo legal de 15 meses para completar la inscripción.
- El Consejo de Ministros aprueba el RD por el que se modifican diversas normas en materia de calidad alimentaria para productos de desayuno, con el fin de incorporar al marco nacional los cambios introducidos en las denominadas Directivas del Desayuno de la UE. En el caso de los zumos de frutas, la principal novedad es la incorporación de nuevas categorías con contenido reducido en azúcares, en respuesta a la creciente demanda de alternativas más saludables. En lo relativo a las confituras, se incrementa el contenido mínimo de fruta exigido para las distintas categorías, con el objetivo de ofrecer productos de mayor calidad y sabor. Por su parte, en el ámbito de la leche deshidratada, se autoriza un tratamiento destinado a reducir su contenido de lactosa, ampliando la oferta para personas con necesidades específicas y en coherencia con las tendencias actuales del mercado.
- Rechazada la proposición de ley catalana para crear un impuesto a partir de la tercera vivienda. El impuesto progresaría del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente. A partir del quinto inmueble, al 12% se sumaría un 5% adicional por cada nueva unidad. El encargado de defender la propuesta legislativa desde la tribuna del Congreso ha aseverado que en la actualidad el 45% de las personas que vive de alquiler «es pobre» mientras que el mercado inmobiliario se ha convertido en un «refugio inversor» para los ricos del mundo. Las argumentaciones en contra han sido que la iniciativa supondría «sobrecargar» la vivienda con impuestos particulares a cualquier propietario, lo que en su opinión se traducirá en un castigo para la ampliación de la oferta de vivienda.
- Los letrados judiciales no ven clara la implantación de la tercera y última fase de la nueva organización judicial, que deberá realizarse a partir del próximo 1 de enero. “Debemos solicitar públicamente al Ministerio de Justicia que aplace la puesta en marcha de la fase tercera de la oficina judicial del tribunal de instancia, utilizando el mecanismo previsto en la DT 5ª de la LO 1/2025, o el que considere más adecuado durante al menos seis meses, para evitar que el afán por cumplir con la fecha inicialmente prevista nos puede llevar a una situación indeseable en perjuicio de los ciudadanos, y dar tiempo con ello a llevar a cabo todos los procesos necesarios para una implementación efectiva y con garantías del nuevo modelo”, demandan las principales asociaciones de letrados judiciales. Los letrados judiciales se quejan de “improvisación” y alertan de que no se ha hecho una inversión necesaria par adaptar los edificios y espacios y para “desarrollos tecnológicos”.
- La oleada de liquidez inyectada en las empresas durante la pandemia sigue generando coletazos en el tejido productivo, especialmente en los procesos de reestructuración. Para poder ampliar los vencimientos de estos créditos más allá de 2028 o aplicar quitas, es necesario contar con la autorización específica de la AEAT, lo que ralentiza y complica los acuerdos. En muchos casos, la AEAT deniega estas peticiones. Así, los despachos de abogados buscan soluciones alternativas para poder ampliar ese plazo sin el visto bueno de la AEAT. Explican que se están diseñando los planes de reestructuración mediante clases de créditos que, con el respaldo mayoritario de los acreedores afectados, permiten “arrastrar la parte avalada por el ICO sin pérdida del aval”.
- El TC ha abierto el redefinir los límites fiscales de las CCAA.Y es que ha admitido a trámite un recurso que cuestiona si Galicia puede aplicar un tipo impositivo más bajo del AJD a las sociedades domiciliadas en la comunidad y más alto a las que tienen su sede fuera. Si el Constitucional concluye que la norma gallega es inconstitucional, el fallo marcará un precedente con impacto directo en otras autonomías que aplican beneficios similares. El precedente más cercano se dio en 2022, cuando el tribunal anuló una ventaja fiscal que Canarias concedía solo a bancos con sede en las islas. Los expertos alertan de las consecuencias si la doctrina cambia. “Habrá que analizar cada caso para plantear una posible discriminación y, en su caso, iniciar una reclamación frente a la comunidad autónoma correspondiente”, apuntan.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- A falta de los resultados de Sabadell, la banca española ya ha culminado su rendición de cuentas con el mercado y, tal y como se esperaba, han logrado un nuevo beneficio récord en los primeros nueve meses del ejercicio con un total de 25.447 millones, superando por un 7,6% lo obtenido en el mismo periodo del año pasado y excediendo también los 25.292 millones que estimaba previamente el consenso de analistas. La cuenta desacelera, sin embargo, frente a la expansión del 11,78% acumulada a junio y el 27,11% de marzo porque el impuesto a la banca se devenga este año trimestre a trimestre y en 2024 fue íntegro en las cuentas de marzo.
EMPRESA
- Victoria histórica de las camareras de pisos en su batalla frente a los hoteles. El colectivo conocido coloquialmente como kellys ha logrado que una cadena hotelera balear reconozca la dureza de su trabajo, especialmente para aquellas de mayor edad, y haya sido la primera, tras una prolongada negociación con los representantes de los trabajadores, que apruebe una reducción de jornada laboral por convenio hasta las 32 horas semanales para aquellas mayores de 58 años. Por ahora, MarSenses es una excepción entre el todopoderoso sector hotelero en Baleares. Entre las grandes, tan solo Iberostar y Meliá han dado pasos, aunque aún tímidos, en ese sentido.