- La UE vuelve a mover el calendario de su reglamento para frenar la deforestación asociada al consumo europeo. Tras semanas de presión empresarial y advertencias de falta de preparación práctica, Consejo y Parlamento han cerrado un acuerdo político provisional para retrasar la aplicación del Reglamento de Productos Libres de Deforestación y, al mismo tiempo, introducir ajustes técnicos destinados a reducir burocracia y clarificar quién debe asumir las obligaciones documentales. El cambio más visible es la fecha. La exigencia de cumplir plenamente con el EUDR se traslada, con carácter general, al 30-12-2026. Y para las micro y pequeñas empresas se añade una prórroga adicional: dispondrán hasta el 30-06-2027.
- La Comisión de Trabajo ha dado este martes el visto bueno a la Ley Integral de Impulso a la Economía Social que llegó al Congreso de los Diputados hace más de un año. El proyecto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social unifica las actuales leyes de Economía Social, Empresas de Inserción y Cooperativas y eleva al 15% la contratación pública reservada a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas. La norma, que podría ser vetada en el Senado y tener que someterse a una nueva votación en el Congreso, también amplia las personas que pueden ser calificadas como colectivo vulnerable y ser incorporadas a las entidades con un contrato de inserción.
- Vía libre a una de las primeras leyes de simplificación para recortar normas verdes alegando beneficio para la competitividad. Los 27 Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han acordado este martes la primera de las leyes ómnibus destinadas a simplificar las normas y la burocracia para las empresas, que reducirá drásticamente el alcance de las normas de divulgación de la sostenibilidad corporativa introducidas durante la última legislatura. A falta de que el Parlamento formalice con una votación el próximo martes el acuerdo alcanzado, la información social y ambiental se aplicará únicamente a las empresas de la UE con más de 1.000 empleados y una facturación neta anual superior a 450 millones de euros, frente al límite de 50 millones de euros propuesto inicialmente por la Comisión.
- La mayoría de grandes ciudades no ha tenido en cuenta los pisos turísticos para implantar la nueva tasa de basuras. Ni Madrid, ni Valencia, ni Zaragoza, ni Málaga han creado hasta la fecha una categoría específica para estos alojamientos, que continúan tributando como viviendas corrientes pese a su proliferación y a una intensidad de uso que, según explican los expertos, dispara la generación de residuos notablemente por encima de la de un hogar habitual. Sevilla, en cambio, ha fijado que sus apartamentos turísticos paguen la cuota correspondiente al uso residencial como vivienda, a la que se le suma un suplemento que varía en función de la ubicación del inmueble y del número de plazas ofertadas. Otro ejemplo es Barcelona. Allí, las viviendas tributan en función del consumo de agua y los pisos turísticos no han tenido ningún trato particular en 2025.
- La validez del pacto sobre repercusión del IBI al arrendatario no exige especificar el importe anual a la fecha del contrato. Así lo establece el TS en un litigio en el que los arrendatarios dejaron de pagar el IBI porque la cláusula del contrato que les imputaba dicho pago no especificaba el importe. Al tiempo de los hechos, la LAU señalaba que las partes podían pactar que los tributos fueran a cargo de los arrendatarios siempre que el pacto fuera por escrito y se determinara el importe. A juicio del TS esa mención debe entenderse referida únicamente a los tributos «no susceptibles de individualización» que recaigan sobre el edificio en su totalidad y cuyo pago corresponda al titular del edificio. Así, cuando se trata de «tributos» que están individualizados para cada una de las viviendas, no son de aplicación las exigencias que se establecen a continuación, no siendo preciso «determinar el importe anual» a la fecha del contrato, exigencia que, por lo demás, literalmente, solo se establece para los «gastos».
- UPTA impulsa una reforma fiscal en los tramos autonómicos del IRPF que pagan el colectivo de personas físicas. En el marco de esta iniciativa, ha comenzado a remitir a todos los parlamentos autonómicos su propuesta de bajada de impuestos para el colectivo, con el objetivo de reducir la presión fiscal, aumentar la liquidez disponible en los pequeños negocios, generar estabilidad mejorando su capacidad de inversión, reducir posibles cierres y mantener a raya la economía sumergida. UPTA defiende una reforma basada en la equidad y en la progresividad, para introducir una reducción de 5 puntos porcentuales en la escala autonómica del IRPF aplicable a los rendimientos netos de actividades económicas, en los tramos de hasta 35.200€.
- Hacienda recauda cada vez menos dinero por la lotería. La AEAT ha visto recortados sus ingresos por estos sorteos hasta un 31% en la última década. Mientras en 2014 se quedó con 457 millones de euros de las ganancias que habían conseguido los contribuyentes, en 2024, último año del que hay datos completos, los ingresos fueron de 315 millones de euros. Según los últimos datos publicados por la AEAT sobre la recaudación por juegos de Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE y Cruz Roja, la Administración ha recaudado hasta octubre de este ejercicio 228 millones de euros, un 18% menos de lo que ingresó en el mismo período de 2024.
- El Gobierno aprueba una nueva adenda al plan de recuperación que simplifica los objetivos pactados con la UE a cambio de las transferencias ‘Next Generation’, mientras rechaza el 72% de los préstamos blandos. Para lograr sus nuevos objetivos, el Gobierno ha aprovechado la adenda para sortear la necesidad de aprobar ciertas leyes en un Parlamento en el que cada vez tiene más dificultades para sacar iniciativas adelante. Así, el compromiso de aprobar una Ley del Suelo ha sido sustituido por la creación de la empresa pública del suelo a través de SEPES. A su vez, el Gobierno ya cuenta con desbloquear 10.000 de los 25.000 millones pendientes tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Sin embargo, la UE aún seguirá exigiendo a España la equiparación fiscal del diésel a la gasolina.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- Mapfre y Zurich son los finalistas de la puja abierta por Carrefour para firmar un acuerdo de distribución en seguros. La gran superficie puso encima de la mesa la reordenación de su negocio asegurador hace casi tres años, pero el primer intento se quedó en agua de borrajas. El segundo, lanzado en 2025, concitó el interés de varias aseguradoras de las que Zurich y Mapfre son finalistas, aunque en el mercado se apunta a la segunda como ganadora. Carrefour cuenta con diez millones de clientes a los que ofrecer seguros de todo tipo y 1.500 centros. Su objetivo es impulsar su negocio de seguros a la vez que aumenta el ingreso por comisiones.
EMPRESA
- Firmado el convenio colectivo de Madrid de residencias y centros de día privados y concertados. Con este pacto, se establece un marco regulador más sólido, adaptado a las necesidades actuales del sector y a la importancia creciente de los servicios de atención a la dependencia. Su vigencia hasta finales de 2026 aporta estabilidad, claridad y un marco adecuado para seguir construyendo un sistema de cuidados sólido, moderno y centrado en las personas.
- El sector del automóvil ve los brotes verdes para el año que viene. Después de un ejercicio de crecimiento en ventas, con una subida del 14,7% entre enero y noviembre (1,045 millones de unidades), la previsión es que el año que viene se alcance, por fin, el nivel de matriculaciones prepandemia. Según las previsiones de Faconauto, las entregas escalarán el año que viene hasta una horquilla de entre 1,25 y 1,3 millones de coches vendidos, justo en los números con que se cerró el ejercicio de 2019.