- La Agencia Española de Protección de Datos publica la Memoria 2025. El año pasado la AEPD recibió 30.931 reclamaciones, lo que supone el número de reclamaciones más alto de la historia de esta Autoridad, a las que se suman los casos transfronterizos procedentes de otras autoridades de control y las actuaciones iniciadas por iniciativa propia. Las seis áreas de actividad con mayor número de procedimientos sancionadores y de apercibimiento corresponden a videovigilancia; servicios de Internet; quiebras de datos personales; administraciones públicas; comercio, transporte y hostelería y sanidad.
- En marzo de 2026, solo el 2,3% de los beneficiarios de prestaciones compatibilizaban el cobro con un empleo, frente al máximo del 5% alcanzado en noviembre de 2025. Desde su puesta en marcha a finales de 2024, apenas 40.857 personas han utilizado este complemento, frente a una media de 1,65 millones de perceptores de prestaciones. La mayoría de quienes lo utilizan pertenecen al nivel asistencial, donde las ayudas mensuales -entre 480 y 570 euros- hacen más necesario complementar ingresos. Ante esta situación, el SEPE ha solicitado asesoramiento a la OCDE y a la Comisión Europea para analizar posibles mejoras. Tras varios encuentros en los que han participado el Ministerio de Trabajo, el propio SEPE y los agentes sociales, la OCDE prevé publicar un informe con recomendaciones entre octubre y noviembre, momento en el que el Gobierno valorará si introduce cambios en la norma para abordar esta situación.
- Trabajo presenta el informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial”, elaborado por la Comisión de personas expertas en RSE, constituida en 2025 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El resultado de su trabajo es la presentación del citado estudio que busca operar como denuncia y exigencia para las empresas, con el ánimo de blindar los derechos sociolaborales y medioambientales dentro de las mismas. La Comisión, en su informe, ha buscado contextualizar la situación de España en relación con las prácticas existentes, revisar estrategias y planes de acción, así como formular propuestas de mejora que incluyan indicadores de evaluación y recomendaciones para su aplicación efectiva.
- El Parlamento europeo da un toque de atención al Gobierno por el uso abusivo que hace del real decreto-ley. Europa presentó este miércoles el informe sobre la visita que el pasado mes de febrero realizó una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior para evaluar los avances en materia de Estado de derecho. En él, destacan el elevado número de decretos leyes aprobados por el Ejecutivo: más de 120, desde 2018, la cifra más alta registrada en periodos democráticos comparables en España. Por ello, el documento pone de relieve que «su uso recurrente, especialmente en reformas políticamente sensibles o de gran relevancia estructural, corre el riesgo de limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos, incluido el papel asesor de los órganos judiciales».
- El índice PMI Compuesto de Actividad Total de la Zona Euro de S&P Global se desplomó hasta los 48,8 puntos en abril, 1,9 puntos menos que en marzo y su cota más baja en 17 meses. Es la crónica de una caída en gran medida anunciada que ahora conduce al PIB de la zona euro hacia un descenso del 0,1% en el segundo trimestre. Aunque las economías de Alemania y Francia, las dos mayores del euro, están particularmente afectadas, España no ha logrado esquivar la onda expansiva de la crisis y, al igual que las dos anteriores, su actividad total también ha entrado en contracción. Especialmente duro ha sido el varapalo sufrido por su sector servicios, que en abril retrocedió hasta los 47,9 puntos desde los 53,3 de marzo, nada menos que una caída de 5,4 puntos y la primera caída por debajo de los 50 puntos desde agosto de 2023.
- Repuntan los contratos de una duración inferior a siete días, ya suponen un 22% del total. En el mes de marzo, se firmaron 285.158 contratos por menos de siete días, frente a los 461.292 suscritos en el mismo mes de 2019. Suponen el 45% de los contratos temporales siendo más habituales que los contratos por más de un mes, meses o hasta un año. Este fue uno de los puntos sobre los que advirtió UGT el pasado lunes, al presentar el informe elaborado por su servicio de estudios sobre la evolución del mercado de trabajo a lo largo de 2025. Los expertos plantean que de comprobarse que se está dando esta práctica, sería oportuno sustituir la penalización fija actual por un sistema de ‘bonus malus’ que ataje la rotación dentro de las empresas.
- El plazo de reconocimiento de las prestaciones por desempleo se situó en el pasado mes de marzo en una media de 2,25 días, un 13% menos que hace un año, si bien sigue esta referencia un 94% por encima de los 1,24 días registrados en el mismo periodo de 2024 y un 110% sobre el mínimo de la serie histórica, en marzo de 2020, cuando se alcanzaron los 1,06 días. La evolución de 2025 rompía así la tendencia de mejora anotada en los tres ejercicios anteriores tras los datos de la pandemia, cuando la tramitación de los ERTEs y varios ciberataques pusieron en jaque la operativa del SEPE. Ello, en un momento en el que algunas voces aseguran que la regularización de inmigrantes puede elevar sustancialmente la cifra de demandantes de empleo apuntados en las oficinas públicas con el objeto de recibir prestaciones y subsidios.
- La República de Mauricio ha decidido nadar a contracorriente. Mientras Europa desmantela sus Golden Visa, este enclave en el Océano Índico ha desplegado la alfombra roja para la élite financiera global. El Primer Ministro acaba de anunciar ante el Parlamento un nuevo programa migratorio diseñado para atraer a 100 individuos de alto patrimonio cada año. El requisito es claro y exclusivo: los solicitantes deben comprometerse a invertir al menos un millón de dólares en la economía local dentro de los primeros 12 meses de su llegada. El Primer Ministro aseguró que el programa no afectará la accesibilidad a la vivienda para los ciudadanos locales, ya que los inversores se alojarán inicialmente en hoteles o propiedades específicamente designadas para extranjeros.
- La reclamación de deudas por parte de las empresas que compran créditos morosos a las entidades financieras llega al TJUE. El Tribunal de Instancia y de Instrucción número 1 de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) ha remitido una cuestión prejudicial a la Corte europea para que aclare si estas compañías compradoras de préstamos impagados pueden reclamar vía judicial las deudas a los clientes sin antes haberles avisado de que se han quedado con el crédito. Si fuera así, pide aclarar si se debe inadmitir la demanda cuando la compañía no acredita la existencia de dicha comunicación.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- Las grandes inmobiliarias cotizadas en BME Growth cada vez son de mayor tamaño. Las 10 principales socimis suman 14.656 millones de euros en propiedades a cierre del pasado año, un 8,5% más que el año anterior. El crecimiento de beneficios de las 10 principales de BME Growth en 2025 se debe a la mejora de la cifra de negocios y también en parte a la revalorización de sus inmuebles, un incremento que las compañías deben apuntarse como ganancia por las normas contables de este tipo de sociedades, aunque no supongan una entrada real de caja.
EMPRESA
- Bimbo ultima un nuevo Expediente de Regulación de Empleo en España por causas organizativas que afectaría a cerca de 86 trabajadores en España, según ha informado CCOO en un comunicado. En concreto, este nuevo ajuste de plantilla, el cuarto de la multinacional en seis años, afecta a la logística de los centros de trabajo de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia. Empresa y sindicatos constituyeron ayer la mesa negociadora de este ERE y ahora tienen un mes para alcanzar un acuerdo.