- La Generalitat Valenciana rebajará un punto el ITP, el que se paga en las compraventas de viviendas de segunda mano, que actualmente está como norma general en el 10% y quedará en el 9%. El presidente ha adelantado que esta nueva bajada de los tributos se incluirá en una enmienda que ya está preparada a las cuentas de 2025, que se tramitará en el desarrollo parlamentario de la ley de acompañamiento de los presupuestos. Este impuesto ya goza desde el año pasado de tipos menores para colectivos vulnerables, como jóvenes, siempre que se trate de adquisiciones de vivienda habitual y con límite de precio en 180.000 euros, familias numerosas o monoparentales.
- Actualmente hay casi 18 parados por cada puesto de trabajo, según el INE, al tiempo que las empresas reportan tener cada vez más dificultades para cubrir las vacantes que tienen abiertas, dado que no encuentran desempleados con las habilidades que demandan. La encuesta que realiza una vez por trimestre el BdE al sector empresarial da cuenta de este problema. La falta de mano de obra disponible se mantiene como uno de los tres condicionantes de la actividad de las empresas en el arranque de 2025, cuando el 45,8% de las compañías afirmó tener dificultades en este ámbito. Una situación que se acentuaba en el ámbito de la agricultura, la hostelería y la construcción, donde más de la mitad de las empresas lo señalaban.
- La sede electrónica del Colegio de Registradores recibió 1.065 peticiones de comunidades de propietarios para dar de alta nuevas viviendas turísticas, tras la entrada en vigor de la modificación de la LPH. Desde el Colegio de Registradores señalan que estas solicitudes “fueron atendidas con normalidad”. Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y los registradores informan: existen más de 21.000 usos turísticos concedidos que pueden acreditar estar en posesión de su número de registro único.
- La movilidad eléctrica en España va cogiendo ritmo. Entre enero y marzo se instalaron en el territorio español 7.633 puntos de recarga públicos, lo que supone un incremento del 20% respecto al trimestre anterior y del 43% en comparación con el mismo período del año previo. De la infraestructura total de recarga, algo más de 13.000 puntos se encontraban fuera de servicio, ya sea por estar en mal estado, averiados o que no se han podido conectar todavía a la red eléctrica, a causa de las trabas burocráticas. En concreto, un 22% de la red de recarga no se encuentra operativa, por lo que si estuvieran en funcionamiento se rozarían los 60.000 puntos públicos, muy cerca del objetivo de 64.000 planteado por Anfac para el ejercicio pasado.
- La famosa subida del impuesto al diésel seguirá por el momento sin hacerse realidad. Tras tumbarse a finales del año pasado, la previsión era que su aprobación llegase en torno al 30 de marzo, pues así lo había exigido la Comisión Europea. A mediados del mes pasado, el plazo se extendió hasta el 11 de abril. A cuatro días de que expire este segundo periodo, «no hay novedad», declaran fuentes del Ejecutivo. El cambio que se lleva manejando supondría pasar de 0,307 cts/l a 0,4 cts/l. Esta subida pasó a ser una condición o hito que España debe cumplir para acceder al quinto paquete de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
- La empresa está obligada a informar al trabajador sobre el plazo de preaviso y sus consecuencias económicas de incumplirlo, sin que una referencia genérica al convenio colectivo regulador sea suficiente, según establece el TSJ de Madrid. La ponente concluye en la sentencia que «el deber de información que recae sobre la empresa al respecto no ha sido cumplido ni al inicio de la relación laboral ni durante ella, ni tampoco al final, no siendo suficiente para cubrir la exigencia y obligación que pesa sobre la empresa que recordara al trabajador cuando ya había preavisado, que el plazo era de dos meses cuando no le informa además de las consecuencias que podría adoptar y de hecho así hizo».
- Las condiciones de los acuerdos de teletrabajo se van endureciendo progresivamente y detallando cada vez más, explican los expertos. A la vista de los problemas en compañías vecinas, las direcciones empresariales han tomado nota y ahora son más puntillosas en sus acuerdos de teletrabajo. Fuentes jurídicas confirman que cada vez son más comunes las cláusulas de reversibilidad, más extensas y detalladas. De forma que, si el conflicto estalla, el empresario puede alegar que el trabajo en remoto “no era un derecho adquirido sino una concesión organizativa”. También son más habituales cláusulas como las que permiten monitorizar la pantalla del empleado o chequear el tiempo que pasa conectado; o las que imponen la obligación de estar disponible en la oficina de forma inmediata, si el jefe descuelga el teléfono y te reclama. También se han convertido en comunes las limitaciones de conectarse en el extranjero.
- El sistema portuario afronta el reto de la descarbonización y la digitalización con varios miles de millones de euros de inversión en juego. Según un informe de Ocean Capital Partners, se calcula que las mejoras en conectividad y optimización de los movimientos de carga y de personas se puede traducir en ahorros de costes de hasta 3.000 millones de euros en los 46 Puertos del Estado. La mayor parte de los puertos han asumido el reto, aunque los de Barcelona, Algeciras y Valencia llevan la delantera con varios millones invertidos en desarrollos que facilitan el flujo de mercancías e impulsan la demanda con una evidente mejora en la calidad del servicio al cliente.
- El Gobierno prepara un paquete de medidas para controlar a los medios de comunicación que incluiría hasta cinco leyes distintas. Se planea, a través del Ministerio de Presidencia, una ley de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. También está trabajando en la ley de publicidad y comunicación institucional, con el objetivo de implementarla en este período. Avanza asimismo con el desarrollo de una ley exclusiva para el derecho de rectificación. Con la intención de ser aprobada en el 2025, se está trabajando en la sustitución de la actual ley de secretos oficiales, en vigor desde la época del franquismo, por una nueva ley de información clasificada. La quinta norma que el Gobierno busca implementar para controlar la prensa es la ley destinada a mejorar la gobernanza democrática en los servicios digitales y los medios de comunicación.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- La venta de NPL (prestamos dudosos) se situará previsiblemente al cierre de 2024 en el entorno de los 20.000-22.000 millones de euros, esto supondrá un incremento del 40% respecto a 2023, cuando se registraron transacciones por volumen de 15.500 millones. Si se confirma esta previsión, 2024 se convertirá en el mejor año en cuanto a transacciones de NPL en España desde 2019. Estas son las estimaciones de Prime Yield. El directivo, destaca que además, en los dos primeros meses de 2025, se han confirmado tres nuevas operaciones de venta de NPL, por un total de 207,5 millones de euros, lo que indica perspectivas positivas para los próximos meses. A nivel europeo, España sigue siendo el segundo mercado con mayor stock de NPL, representando el 20% del total.
EMPRESA
- Más empleo en el sector de servicios profesionales. Las firmas que operan en España, especializadas en servicios de auditoría, consultoría, y asesoramiento legal y en transacciones, terminaron el ejercicio 2024 con una plantilla conjunta que supera los 41.000 empleados. Se trata de un 6,2% más que en el ejercicio precedente. En total, en solo un ejercicio estas firmas han creado más de 2.400 empleos nuevos. El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España destaca que «El fuerte crecimiento que estamos viviendo está ayudando a que tenga lugar una tendencia que pocos pronosticaban: en la era de la inteligencia artificial, el mundo de la auditoría de cuentas sigue creando empleo».