Síntesis 12/11/2026

  • Bruselas trata de poner coto a las técnicas de manipulación para inducir a los consumidores a comprar por internet. La Comisión Europea ha presentado este miércoles su ley de Equidad Digital para vetar el uso de prácticas engañosas en internet e imponer multas de hasta el 6% de la facturación mundial de las empresas que los apliquen. La medida se refiere a mensajes online del tipo «solo queda una unidad» o «otros cinco clientes están interesados» así como ofertas que, posteriormente, implican gastos adicionales. La reforma planteada por el Ejecutivo comunitario endurece, en paralelo, las normas de transparencia para reforzar la capacidad de sanciones a las compañías que implementan este tipo de prácticas. Bruselas estima que estas medidas podría ahorrar a los consumidores europeos 13.700 millones de euros al año.
  • En septiembre se crearon 9.174 sociedades mercantiles, un 0,9% menos que en el mismo mes de 2025. El capital suscrito para su constitución registró una disminución anual del 9,8% y el capital medio suscrito se redujo un 9,0%. Por otro lado, ampliaron capital 1.866 sociedades, un 5,1% menos que en septiembre de 2025. El número de sociedades mercantiles disueltas se redujo un 11,2% en tasa anual. El 81,1% de ellas lo hicieron voluntariamente. El 17,8% de las sociedades mercantiles creadas en septiembre correspondió a Inmobiliarias, financieras y seguros y el 15,9% al Comercio. En cuanto a las sociedades disueltas, el 19,8% pertenecía al Comercio y el 14,9% a la Construcción. Comunidad Foral de Navarra, Cantabria y La Rioja presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en septiembre. Por su parte, la creación de sociedades se redujo en Principado de Asturias, Canarias y Región de Murcia.
  • En 2026, la factura que asumirán los empleadores por las bajas laborales ascenderá a 17.500 millones de euros. Esto supone un incremento del 8% respecto al pasado ejercicio. Según Randstad, las CCAA que registran un mayor nivel de absentismo laboral son Asturias, Canarias, País Vasco, Cantabria y Galicia, situándose todas por encima de la media nacional del 7,2%. En el extremo opuesto, las tasas más bajas son la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y, con la cifra más reducida de todo el país, Baleares. Por su parte, las actividades con mayor tasa de horas de trabajo perdidas sobre el total de las pactadas son las actividades postales y de correos, servicios a edificios y actividades de jardinería, actividades de juegos de azar y apuestas, asistencia en establecimientos residenciales y actividades sanitarias.
  • Cataluña lidera el ranking de las CCAA que más procedimientos concursales han registrado en lo que va de 2026, 1.329 casos hasta octubre. Una cifra que prácticamente duplica la del segundo en la lista, Madrid, con 629 empresas que han ido a concurso. Estas dos autonomías son las que conjuntamente representan la mitad de los procesos iniciados en todo el Estado. Sin embargo, ambas comunidades han reducido esta cifra respecto al año anterior, una deriva que ha acompañado a que la media nacional se haya desplomado un 3%. Si se desglosa por tipo de actividad económica, las empresas asociadas al comercio representan casi una cuarta parte de todos los procesos concursales del año, seguidas por la construcción y actividades inmobiliarias y la industria.
  • Consumo ha puesto cifras al impacto potencial si hoy se aprueba la prórroga de los alquileres: calcula que permitiría ahorrar una mediana de 4.341 € por hogar, beneficiaría a cerca de cinco millones de personas y podría aplicarse a casi dos millones de contratos de arrendamiento (1.895.676, exactamente). Para sustentar esas estimaciones, el departamento ha elaborado un informe en el que cuantifica tanto el número de contratos susceptibles de acogerse a la medida como el ahorro que obtendrían los inquilinos. Según ese documento, la estimación parte de una microsimulación realizada a partir del Panel de Hogares del IRPF, una base de datos del Instituto de Estudios Fiscales y la AEAT que recoge una muestra de los alquileres declarados por propietarios particulares en territorio fiscal común, con información disponible hasta 2023.
  • La UE se dispone a reformar el sistema de contratación pública. La Comisión propone un reglamento que sustituirá las tres directivas vigentes desde 2014 por una única norma, de aplicación directa en todos los Estados miembros. Pero el objetivo más importante no es la unificación. Bruselas quiere, sobre todo, que la contratación pública deje de ser solo un procedimiento para adquirir bienes y servicios al mejor precio y se convierta también en un instrumento para impulsar la competitividad y la innovación europeas. Las administraciones públicas pueden convertirse en los primeros compradores de soluciones innovadoras, facilitar su llegada al mercado y ayudar a las empresas a alcanzar el tamaño necesario para competir internacionalmente. En España, el impulso de la innovación resulta urgente. Según el informe de la CE sobre nuestro país de 2026, la inversión española en I+D representó en 2024 el 1,5% del PIB, frente al 2,24% de media europea.

SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL

  • La justicia gallega aplica por primera vez la reciente doctrina del TJUE, que establece que las entidades bancarias no pueden negarse a devolver de inmediato el importe de una operación de pago no autorizada alegando una posible negligencia grave por parte del cliente. Según se recoge en la sentencia, el banco no puede oponerse al reintegro del importe alegando una negligencia grave por parte de la ordenante, ya que eso supondría «privar de eficacia la obligación de devolución inmediata e iría en contra de la finalidad de la directiva europea de garantizar una elevada protección de los consumidores». El tribunal concluye que el banco «no ha cumplido con su obligación de devolver de inmediato el dinero a su clienta» y solo cuando lo haga «podrá reclamar su reembolso si considera que ha existido una negligencia grave por parte de la ordenante».
  • Los planes de pensiones individuales se encaminan a cerrar su sexto año consecutivo de salidas de dinero. Para evitarlo, necesitarían captar más de 670 millones de euros netos en el último trimestre de 2026, una cifra difícil de alcanzar a la vista de los antecedentes recientes. Los planes individuales prolongarían una racha que comenzó hace cinco años y que ha supuesto la salida de más de 3.100 millones de euros. El balance de 2026 no invita, por ahora, al optimismo. Hasta septiembre, las salidas netas ascendían a 671 millones de euros, una cantidad que tendría que recuperarse íntegramente entre octubre y diciembre para evitar otro ejercicio en negativo. La industria de la inversión lleva años advirtiendo de las consecuencias de los recortes fiscales.

EMPRESA

  • Las empresas de restauración colectiva se ven asfixiadas por diferentes factores que afectan de manera directa a su rentabilidad y su viabilidad. El estricto control normativo, especialmente en el ámbito de la contratación pública, de una actividad con impacto directo en colectivos vulnerables, es uno de los principales problemas de un sector maniatado a la hora de compensar la evolución de los costes operativos, explican desde la patronal Food Service España. El principal factor de desequilibrio financiero en este esquema es la aplicación de la Ley de Desindexación, una norma que prohíbe la actualización de precios en los contratos públicos de larga duración, propiciando que el choque entre tarifas congeladas e incrementos continuados en la cadena de suministros genere una intensa presión sobre la cuenta de resultados de las empresas.
  • El sector logístico prevé un balance anual positivo. Ha alcanzado 1.206.816 de afiliados durante el pasado mes de octubre, tras incorporar 13.738 nuevos trabajadores desde septiembre y 53.040 con respecto al inicio de año. Esto supone un incremento del 1,15% más de incremento mensual y un 4,60% más de tasa acumulada anual. Por actividades, se mantiene el crecimiento desigual de meses anteriores, destacando una reactivación de la afiliación en las actividades de almacenamiento, en transporte terrestre y en actividades postales. Por regiones, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña registran el mayor incremento de afiliación en el 2026, mientras que la Comunidad de Madrid, Canarias y Galicia los hacen muy por debajo de la media del sector.
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