- Los incentivos laborales previos al traslado a España quedan libres de impuestos, aunque se cobren una vez se haya instalado en el país. Así lo indica la Dirección General de Tributos en el caso de un trabajador que se traslada a España el 1 de enero y en su primera nómina recibe un bonus correspondiente al rendimiento del año anterior en su país de origen. Aunque el régimen especial establece que todos los rendimientos del trabajo se entienden obtenidos en territorio español mientras el contribuyente esté acogido a él, existe una excepción fundamental. El art. 114.2.a) del reglamento especifica que no se consideran obtenidos durante la aplicación del régimen aquellos rendimientos «que deriven de una actividad desarrollada con anterioridad a la fecha de desplazamiento a territorio español». Mientras que la decisión sobre los bonus es positiva, la misma consulta aborda otra cuestión con un resultado menos favorable para el contribuyente: la deducción de gastos como las cotizaciones a la Seguridad Social.
- El proyecto regulatorio para actualizar el Estatuto del Artista pretende regular el uso de la IA por el sector audiovisual, en concreto la generación de réplicas digitales de actores o de nuevas obras, usando para ello como base la voz, imagen o creatividad de profesionales artísticos. Este planteamiento, según los expertos, es erróneo en su esencia por un triple motivo: no debemos regular antes de que se produzcan verdaderos conflictos sociales; una norma de índole laboral no debería establecer límites al uso de una tecnología; y, sobre todo, no debemos hacerlo cuando ya hay en el ordenamiento jurídico otras normas que regulan estas cuestiones. Regular una tecnología guiados por el miedo ante los retos que esta nos podría traer, anticipando conflictos que aún no existen, podría provocar el efecto adverso al pretendido, desincentivando la inversión, lo cual afectará de manera muy negativa a los técnicos y creativos de nuestro país.
- Los propietarios de una vivienda dentro de una urbanización no pueden realicen cualquier tipo de obra si perjudica a otros vecinos. Así lo establece el TS al aclarar hasta qué punto se pueden hacer actuaciones en una propiedad privada que está dentro de una urbanización, aunque no afecten a los elementos comunes. La sentencia señala que la obra ejecutada, aunque se haya realizado sobre la propia vivienda y no en zonas comunes, no solo altera el conjunto visual de la urbanización, sino que perjudica a otros propietarios al privarles de vistas.
- El sistema de contratación de obra pública que plantea Transportes basado en el precio levanta ampollas en el sector constructor. La Confederación Nacional de la Construcción ha advertido que tener en cuenta únicamente el factor económico amenaza la eficiencia y la calidad de las infraestructuras. El presidente de la patronal dice abogar por una reforma del sistema de contratación para no malgastar los fondos europeos, pero también defiende como “óptimo” el actual sistema de puntuación, en el que ponderan las capacidades técnicas y la oferta económica. Es decir, respalda el concurso de obra pública en su formato actual, concediendo la posibilidad de retoques, frente a la subasta. El actual modo de contratación con cargo a presupuestos públicos ya supone una barrera contra la corrupción, a juicio de la CNC, al valorar globalmente las ofertas, “pero que se debe aplicar rigurosamente en todas sus fases”.
- El TS revisará su jurisprudencia sobre las prórrogas que da la Administración a las antiguas concesiones para realizar actividades en zonas de costa cercanas al mar como chiringuitos, clubes o actividades turísticas. Las diferentes reformas de la Ley de Costas para proteger el litoral nacional han dejado en un limbo a propietarios de inmuebles y empresarios que tenían concesiones administrativas para realizar una actividad económica, ante la dificultad de interpretar la normativa. Esta cuestión se resolverá tras la admisión de un auto del 19 de septiembre de un recurso de la Administración en contra de una sentencia de la AN que ampliaba la prórroga a tres particulares dueños de una vivienda y una instalación para enseres de pesca.
- La CNMC analiza la propuesta del Real Decreto antiapagones (RD de medidas urgentes para el refuerzo eléctrico). En su análisis, la institución insta al Ministerio de Transición Ecológica a que incluya una suerte de prueba de vida para los proyectos de demanda que tienen en estos momentos capacidad reservada. En el informe, el organismo regulador asegura también que no considera adecuado modificar ahora el Procedimiento de Operación 3.9 del operador del sistema de suspensión y restablecimiento de las actividades de mercado para casos como el 28 de abril. También cuestiona el nuevo esquema sancionador, pues la CMNM aprobó en junio una revisión del proceso de operación 7.4 que introducía una penalización de 1€ por megavatio-reactivo hora a las instalaciones de generación que incumplan sus obligaciones de control de tensión. El Proyecto de RD contempla una penalización transitoria de 2,61€ por los mismos incumplimientos. Según la CNMC, no tiene sentido aplicar durante unos meses una sanción 2,6 veces superior a la que entrará en vigor de forma definitiva a partir del próximo año.
- Fenadismer presenta una enmienda de rechazo total al anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco. En concreto, estima que tendría un impacto en unos 300.000 conductores de vehículo pesado y en torno a 60.000 conductores de vehículo ligero. Al respecto, destaca la influencia negativa que podría tener la medida en la seguridad vial. La patronal afirma que mantener a un conductor fumador sin poder fumar durante estos espacios de tiempo prolongados, “incrementaría inevitablemente sus niveles de estrés y desequilibrio emocional, generando nerviosismo, irritabilidad y menor capacidad de concentración”. Aunque la patronal comparte la finalidad de la reforma de incrementar la protección de los menores, considera que en los vehículos de transporte de mercancías no existe interacción con los menores, ya que no pueden viajar como acompañantes.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
- Hacienda prepara el nuevo modelo para que las entidades paguen el impuesto bancario por los ingresos de 2025, en el que se incluye por primera vez a Navarra. Además, el modelo cambia las fechas del abono de este tributo. Mientras que este año, las entidades abonaron el primer pago del 40% en junio, y el restante 60%, en septiembre; a partir de 2026, el primer pago se realizará en los primeros veinte días de febrero y el segundo, seguirá siendo en los primeros veinte días de septiembre. Hacienda recaudó 1.695 millones de euros por este impuesto en 2024 y, este año, ya ha ingresado 556 millones del primer pago.
EMPRESA
- Los despachos de abogados apuestan por los centros de datos, con el asesoramiento jurídico como elemento básico para un negocio que plantea desafíos inéditos. Aunque el perfil de los clientes que se acercan a los despachos de abogados para trasladar sus dudas acerca de estos proyectos es diverso, predominan los inversores y promotores. El asesoramiento suele centrarse en procesos de due diligence regulatoria, estructuración contractual y financiación de proyectos. A veces, los bufetes también acompañan a operadores desde la fase inicial hasta la operación comercial. Aunque todavía no existe una regulación específica para los centros de datos en España, el marco normativo sectorial -en urbanismo, medioambiente, fiscalidad o energía- proporciona las bases para el sector.
- Mango se desmarca de la competencia en plena oleada de cierres en el sector textil. La cadena catalana ha inaugurado ya en lo que llevamos de año más de 150 locales, con lo que acumula la apertura de un total de 800 desde el año 2019. Es un periodo en el que Inditex, H&M y GAP han seguido una estrategia totalmente diferente y suman 3.300 cierres. El Plan Estratégico 2024-2026 de la compañía prevé abrir en total más de 500 tiendas, hasta sumar un millón de metros cuadrados comerciales, superar los 4.000 millones de facturación y duplicar su beneficio, con una inversión de 600 millones de euros.